Durante las últimas semanas hemos asistido al desmantelamiento del ya herido estado de bienestar. Cuando Rajoy abandone La Moncloa, a España no la va a reconocer ni la madre que la parió.
Antes de las elecciones escribí que con el PP la brecha entre pobres y ricos no hará más que aumentar, mientras que la clase media contará cada vez con menos miembros. Subestimé las intenciones del Partido Popular. Como dice el PSOE en una campaña, #vanaportodo.
El catedrático de Ciencias Políticas Ramón Cotarelo ha escrito un artículo en el que resume la ofensiva del PP. Copio y pego aquí unos extractos.
El Consejo de ministros de ayer fue un aquelarre, un consejo de guerra contra el Estado social y democrático de derecho que consagra la Constitución. El Estado social ha recibido dos tremendos golpes en su pilar de la sanidad y en el de la educación. El Estado democrático de derecho en la libertad de expresión y el derecho a la información por medio del decreto-ley que modifica la vigente Ley de Radio Televisión de 2006 en cuanto a la forma de elección del presidente del Consejo de Administración. El Estado a secas, en el principio general de justicia con ese indulto a los dos últimos condenados en el caso del Yak 42 por no otra razón sino porque es el caso específico del PP, siendo Trillo ministro de Defensa, actualmente premiado con la embajada en Londres.
En realidad todo esto pasa porque el PP actúa en la convicción de que, para llegar al poder, vale todo, incluso la mentira. Ni uno solo de los solemnes compromisos de Rajoy durante la campaña electoral del 20-N ha quedado de pie en cinco meses de acción de gobierno: no iba a subir los impuestos y los subió; no iba a tocar las pensiones y las tocó y dos veces; no iba a meter la tijera en sanidad y educación y les ha asestado dos tajos mortales.
Mentira tras mentira se llega a adquirir oficio y, en efecto, Rajoy dice siempre lo que cree que le conviene sin preocuparse si tiene sentido o no, entre otras cosas porque no comparece nunca a dar cuentas y, si lo hace, no admite preguntas. Admira ver con qué tranquilidad el presidente dice una cosa, hace la contraria y no presta atención alguna a las críticas ni, por supuesto, las responde. Para eso tiene a sus ministros que comparecen y muestran que son lo que son: Ana Mato está empeñada en cargarse la sanidad pública por muy diversas vías y José Ignacio Wert en terminar con la educación pública básicamente por dos: reduciendo becas y aumentando tasas.
Se comprende que, teniendo que atentar tan gravemente contra el Estado del bienestar, el gobierno recurra al decreto-ley. Pero la base de este no es que aquel se vea en apuros sino que haya causas objetivas de urgencia y necesidad. De todas formas da igual ya que el gobierno tiene asegurada la mayoría parlamentaria de sobra para convalidar los decretos-leyes más agresivos que quepa imaginar contra el Estado social y democrático de derecho.
No es de extrañar que la oposición, singularmente el PSOE, hable de “golpe de Estado”. Pues sí, es una especie de golpe de Estado al modo de hoy. Ya no se sacan los tanques a la calle entre otras cosas porque no hace falta. Al fin y al cabo, la función principal de los tanques era siempre tomar los centros de comunicaciones: telefónica, radios, la televisión. Ahora eso se hace directamente, por la vía civil. Telefónica es una empresa privada a las órdenes del gobierno conservador y con el decreto-ley el gobierno se garantiza imponer unilateralmente el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Radio Televisión.
Este episodio que, como vemos, pone fin a un modelo de Radio Televisión autónoma e independiente es el producto de la táctica de la mentira más descarnada, tan reveladora de un modo de entender la política. Correspondió a Dolores de Cospedal la tarea de atacar RTVE acusándola de parcial y sectaria contra toda evidencia. La elección es buena pues Cospedal carece de escrúpulos en cuanto a los medios que deban emplearse para conseguir el objetivo. Si hay que mentir, se miente. Con ese mismo desparpajo puede la dirigente popular criticar la supuesta falta de imparcialidad de RTVE sin mencionar siquiera los casos de TeleMadrid y Canal Nou, dos canales públicos literalmente al servicio del PP. No del poder, sino del poder del PP.
