Hubo un tiempo, durante el siglo XIX, en que cada partido que llegaba al poder perfilaba una España a su gusto. En 60 años se redactaron 9 constituciones. España era un cortijo, una casa de alquiler amueblada por cada dueño. En un momento dado, las cabezas pensantes se dieron cuenta de que eso no podía seguir así y acordaron turnarse en el poder sin cambiar la pintura de las paredes. Lo llamaron Restauración.

No hemos avanzado mucho. De hecho, casi parece que los actuales políticos han tomado lo peor de aquel sistema del siglo XIX y lo peor del turno de partidos. Ahora hay alternancia, que no alternativa. Y aun así, cada nuevo Gobierno arrasa con todo, hace limpieza y ordena el país a su capricho.

El último ejemplo lo hemos visto en el desmantelamiento de TVE. La Moncloa nombró a un gerente de hoteles para hacerse cargo de RTVE y, en efecto, se la va a cargar. No voy a entrar en si los de ahora eran pro-PSOE o anti-PP. Es casi lo de menos. Más preocupante me resulta que se considere normal que cada nuevo gobierno cambie a la cúpula de RTVE.

Tampoco es sólo en el Ente; hay cientos de personas que han sido relevadas de sus puestos tras el 20N, y cientos que han ocupado sus despachos. Directores de festivales de cine, gerentes de hospitales, jefes de policía, militares… ¿Por falta de profesionalidad? No. Simplemente, porque es lo que toca.

Durante los últimos meses hemos escuchado críticas al (para algunos) excesivo número de políticos; pero el verdadero problema viene de las personas no elegidas por los ciudadanos que esperan a que ganen “los suyos” para hacerse un hueco.

Un artículo de Víctor Lapuente, doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford,  recogía un estudio sobre este asunto. Venía a decir que esta abundancia de cargos de confianza, este poner a los nuestros y quitar a los suyos cada 4 años es ineficiente y, además, fomenta la corrupción. Lo primero es de cajón: un profesional lleva 4 años al mando de un hospital o una empresa pública conoce sus ritmos, sus puntos fuertes, sus necesidades. Si es válido, ¿qué necesidad hay de cambiarle por otro? Y si no lo es, ¿por qué no fue destituido antes? ¿Sólo porque era “de los nuestros”?

En cuanto a la corrupción, el artículo (publicado en 2009 en El País) dice:

Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.

Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.

El ejemplo contrario a esta patrimonialización del Estado lo tenemos en el Reino Unido. Dentro de unas semanas el director general de la BBC dejará su puesto. Se llama Mark Thompson, lleva en el cargo desde 2004 y durante toda su vida ha trabajado en medios de comunicación (buena parte de su carrera la ha hecho en la propia BBC). Thompson fue nombrado bajo el gobierno de Blair, continuó con Gordon Brown y ha trabajado 2 años con David Cameron de primer ministro. No es destituido: se va porque piensa que ya ha cumplido una etapa. Tras conocerse su dimisión, la BBC publicó un anuncio en The Economist buscando sustituto.

Igual que aquí.

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Actualización 15-08-2012.

Víctor Lapuente vuelve a escribir otro artículo en El País donde reitera los argumentos expuestos en 2009. Claro que si entonces pasó más o menos desapaercibido, ahora sus palabras serán leídas con más atención. Selecciono algunos párrafos.

El problema más serio no es tanto que las personas nombradas políticamente sean menos “capaces” que los funcionarios de carrera, aunque eso también se puede dar, claro. El problema principal es que la existencia de un número elevado de cargos que dependen de la confianza de sus superiores políticos genera incentivos negativos en todos los niveles organizativos. Los que están arriba no tienen ni el tiempo ni los incentivos suficientes para invertir esfuerzos en adquirir los conocimientos adecuados para gestionar de forma eficiente el área bajo su dirección. Los que están abajo carecen de incentivos para dar lo mejor de sí mismos.

La diferencia clave entre España y otros países radica en el marco legislativo de su función pública. En primer lugar, las regulaciones en países como el nuestro admiten que un grueso número de niveles administrativos quede en manos de personal de confianza política. Por ejemplo, no tiene sentido que el gerente de un hospital sea elegido siguiendo un criterio político. Es decir, sufrimos una fuerte politización “desde arriba”.

En segundo lugar, padecemos también la denominada politización “desde abajo”; es decir, nuestros funcionarios pasan con enorme facilidad a desempeñar cargos de responsabilidad política. Váyase tranquilo a hacer carrera política que, si no le sale bien, podrá volver a su puesto de trabajo cuando lo desee, porque se lo vamos a guardar a modo de confortable red protectora. Irónicamente, los empleados que deberían mantener una mayor neutralidad política y prestar los servicios públicos de la forma más imparcial posible son aquellos que tienen más facilidades para hacer carrera política.

En definitiva, el problema de España no es solo que los partidos políticos hayan colonizado la Administración pública sino más bien que nuestra política está colonizada por administradores públicos. No es política lo que sobra en España, sino corporativismo.