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Radical

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La RAE define “radical” de diversos modos:

  1. Perteneciente o relativo a la raíz.
  2. Fundamental, de raíz.
  3. Partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático.
  4. Extremoso, tajante, intransigente.

Me han llamado radical muchas veces, y cada vez con más frecuencia. Cuando lo hacen, me siento elogiado e insultado a partes iguales. Me duele porque sé que utilizan el adjetivo de forma despectiva, como si fuera una cualidad negativa. Y me siento halagado al pensar que cada vez tengo las ideas más claras y me da  menos reparo exponerlas. Aunque no sea del todo cierto.

No me considero radical. No me considero extremista ni intransigente, aunque muchas veces -sobre todo en una conversación- pueda marcar mis ideas con contundencia. Pienso en lo escrito en este blog y creo que las ideas son relativamente moderadas y están desarrolladas desde varios puntos de vista (¿cuántos blogueros de izquierda escribieron ayer que la suspensión de Garzón, aunque dolorosa, es justa). Entonces se me ocurre: si dicen que yo soy un radical, ¿no será que los demás están demasiado centrados?

Quizá ésa sea la estrategia. Pervertir la palabra, robarle su valiente significado (recuerden la segunda acepción de la RAE) y otorgarle uno mucho más negativo. No en balde los medios llaman “radicales” a los miembros de la kale borroka o a los simpatizantes de Batasuna o Al Qaeda.

No es una estrategia nueva. Empiezan por robarnos el lenguaje y terminan por robarnos el futuro y la esperanza. ¿Hace falta recurrir a la neolengua de Orwell?

Así que doy un paso al frente y me declaro radical. Y grito que los problemas del mundo no son coyunturales sino sistémicos; que hay que construir el edificio desde los cimientos; que nos roban cada día que pasa; que no quieren argumentos, que usan la fuerza; que el sistema no funciona; que compran nuestras conciencias a precio de saldo; que la realidad se camufla y se oculta por los mismos que deben sacarla a la luz; que el poderoso caballero sigue sesgando cabezas con su espada; que hay que galopar hasta enterrarlos en el mar; que los tiempos nos están cambiando; que la política asquea; que la economía esclaviza; que la poesía, desgraciadamente, ya no es un arma; que tenemos que plantarnos y decir no; que estamos tocando el fondo; muchos, cuantos más mejor; y que lo vamos a perder todo.

Espero no gritar en el desierto. No quiero ser el único radical. No creo serlo. Quizá hay muchos que lo son, y no lo saben. Quizá necesitemos un Neo, que nos desconecte de Matrix.

A bastonazos

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Dicen que la Justicia es ciega, y debe ser cierto, pues en España da unas hostias con su bastón que nos deja a todos bien doloridos. En el cuerpo y en la conciencia.

El último golpe lo hemos recibido esta mañana, al conocer que el Consejo General del Poder judicial ha suspendido a Garzón por ordenar las escuchas de la trama Gürtel. Ya son dos las suspensiones que lleva en un año; la primera por atreverse a investigar las fosas que Franco dejó por los caminos.

El CGPJ está formado por jueces, magistrados, abogados y otros juristas. Todos propuestos por el Congreso y el Senado y nombrados por el Rey. De ahí que todos sean de una u otra cuerda. Parece que en demasiadas ocasiones interpetan la ley atendiendo a las necesidades de aquellos que lo llevaron al Consejo (PP y PSOE).

Garzón ha sido suspendido por por tener abierto un juicio oral contra él. Es decir, el juez está acusado de prevaricación y, hasta que no sea juzgado, no debe pisar un tribunal. Es lo correcto, lo que la izquierda ha pedido en relación al caso Gürtel, lo que yo mismo pedí hace unas semanas aquí.

Lo que de verdad duele, lo que indigna, es que se suspenda a unos pero no a otros. Indigna que Garzón no pueda trabajar pero haya decenas de imputados en las listas del PP para las elecciones de mayo. Son ellos quienes, en primer lugar, deberían ser apartados de su cargo.

Tengo la impresión de que Garzón se ha saltado a ley varias veces; pero fue antes, mucho antes del caso Gúrtel. Cuando era juez estrella y ordenaba arrestos desde un helicóptero. Insisto: sólo es una impresión. La misma que me lleva a pensar que, al final, Garzón será el único condenado en el asunto Güúrtel; y que los corrompedores y los corruptos se irán de rositas gracias a alguna triquiñuela legal. Quizá en última instancia Garzón facilite la absolución de los implicados en la trama. Sería el colmo de los colmos, pero no extrañaría.

Por cierto, el juez que quiere juzgar a Garzón por escuchar las conversaciones entre los detenidos de la Gürtel y sus abogados se llama Jorge Barreiro. Este señor es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante varios años ha trabajado bajo la supervisión Gonzalo Rodríguez Mourullo, abogado del presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo. Además, es compañero de Miguel Bajo, abogado del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Seguro que es una mera coincidencia, y que estos señores hablan de fútbol en la cafetería de la Universidad. Pero dan ganas de que aquí la Justicia también sea ciega y obligue a Barreiro a abandonar el caso por tener demasiados lazos con sus integrantes.

Dan ganas de que los palos de la señora con la venda en los ojos estén más repartidos

La dependencia de la justicia

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(Mis amigos jueces y fiscales dirán que estoy errado, que este post es uno más en la cadena de comentarios “radicales” que salen de mi boca últimamente. A ellos, con cariño, está dedicado.)

La separación de poderes es una de las claves de la democracia liberal. Uno de los filósofos claves en esta materia, Montesquieu, escribió al respecto:

En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el (…) de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil.

Por el primero, el príncipe o magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro simplemente poder ejecutivo del Estado.

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona (…) entonces no hay libertad, porque es de temer que (…) hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.

Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.

A priori, todos creemos que, en efecto, en España hay separación de poderes. Así consta en los libros de escuela, así lo repiten los medios de comunicación y, formalmente, así se representa en los actos oficiales.

Casi me resulta estúpido escribirlo, pero al parecer, todavía es necesario. La justicia en España no es neutral. El poder judicial está supeditado al poder ejecutivo. Por lo tanto, no hay separación de poderes. Y, llevando este argumento hasta sus últimas consecuencias, no hay democracia real en España.

Para quien se esté rasgando las vestiduras, aquí 2 ejemplos.

 

  • El caso José Couso.

El operador de cámara José Couso murió a causa de los disparos de un carro de combate estadounidense. Se encontraba en el Hotel Palestina, trabajando.

En 2005, la Audiencia Nacional abrió diligencias contra 3 militares estadounidenses. Un año después, ese mismo tribunal archivó el caso.

Hace unos meses, las filtraciones de Wikileaks revelaron que el gobierno fue presionado por Estados Unidos para que el caso cayera en el olvido. Miembros del gobierno trasladaron estas peticiones a la fiscalía y, ésta, a los jueces de la Audiencia. Como resultado, todavía hoy ningún militar ha sido juzgado.

 

  • Izquierda abertzale

Después de la tregua de ETA y de que dirigentes de la izquierda abertzale hayan repetido en diversos medios de comunicación su rechazo a un hipotético nuevo atentado, esta corriente política quiere participar en las elecciones municipales. Sin embargo, no lo va a tener fácil.

Según informa hoy Gara, el gobierno ha reunido a miembros de la policía y fiscales para evitar que esta formación pueda presentarse a las elecciones. Utilizando la Ley de Partidos, pretenden impedir que una nueva formación concurra a los comicios “si supone una continuidad de las marcas ya ilegalizadas”.

Mientras, partidos de corte fascista como Democracia Nacional y organizaciones neonazis como MSR pueden presentarse a las elecciones o manifestarse sin problemas. ¿Acaso no incumplen la Ley de partidos? Por supuesto. Pero no molestan al Gobierno.

 

No es que este gobierno presione al poder judicial, no es que estos jueces y fiscales trabajen en la dirección que manda Moncloa. Simplemente, el sistema no funciona.