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Durante los últimos meses, el Gobierno de Castilla La Mancha ha puesto en marcha un severo programa de recortes que puede ser entendido como un anuncio de las medidas que Mariano Rajoy piensa implantar una vez instalado en La Moncloa. En el paquete Cospedal incluye aumento de la jornada laboral de los funcionarios, reducción de un 3% de su sueldo, implantación de la gestión privada de hospitales públicos, fomento de los colegios privados… Parecido puede pensarse de la reforma fiscal propuesta por el Gobierno de Aragón. No es descabellado augurar que recortes públicos y reducción de impuestos a las clases altas serán los dos pilares sobre los que se sustentará la política de Rajoy durante los próximos años. Dos pilares con los que no podría estar más en desacuerdo y que sólo conseguirán agrandar la brecha entre ricos y pobres.

El Gobierno de Aragón anunció ayer una importante reforma fiscal. Su consejero de Hacienda, Mario Garcés, califica las medidas de “incentivos fiscales”, una palabra muy bonita y elegante que oculta el verdadero sentido de la propuesta. Una vez implantada la reforma, Aragón dejará de ingresar 30 millones de euros. No es una novedad. Buena parte de las Comunidades Autónomas han reducido los impuestos en los últimos años. También lo ha hecho el Gobierno central. El propio Rubalcaba reconoció durante la campaña electoral que desde el año 2000 el Estado había dejado de ingresar 28 mil millones de euros al año. El entonces candidato reconoció que estas rebajas fiscales habían sido un error. Al parecer, hay quien persiste en él.

Es reseñable que siempre se bajen los mismos impuestos (sucesiones, patrimonio, impuestos ecológicos…). Y, por tanto, siempre se beneficien los mismos: las grandes empresas y las rentas más altas. El gobierno argumenta que estas rebajas fomentarán el empleo, pero no está tan claro. ¿De verdad una empresa decide contratar o no más trabajadores según los tipos impositivos?

Por otra parte, el consejero de Hacienda dijo hace unas semanas que “bajar los impuestos es una fórmula que funciona, porque da incentivos a mucha gente para entrar en el sistema tributario, está demostrado que los impuestos altos incentivan a la gente a salir, los países que los tienen también poseen las tasas más altas de fraude fiscal”. Una idea un tanto perversa. Nadie quiere pagar impuestos pero son necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad. La solución no es quitarlos, sino asegurarse de que se pagan.

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El Gobierno, la banca y los principales medios de comunicación llevan meses repitiendo que hay que equilibrar el presupuesto, que no se puede gastar más de lo que se gana. Esto no es cierto pero aunque lo fuera las medidas que pretenden implantan para lograr la ansiada estabilidad presupuestaria son erróneas. Mejor dicho, son medidas que lograrán este equilibrio a costa de reducir la clase media (que tanto ha costado consolidar) y dinamitar buena parte de los cimientos del Estado de Bienestar.

Existen 3 formas de equilibrar un presupuesto: recortar gastos, aumentar ingresos o combinar las dos estrategias. Hasta ahora la mayoría de las medidas han sido del primer tipo y las escasas propuestas de aumento de ingresos han repercutido en toda la sociedad, no en las rentas más altas. De poco sirve, por ejemplo aumentar el IVA. Es una medida que no sólo no afecta a todos por igual sino que perjudica a las rentas bajas, para quienes cualquier aumento de los precios supone un problema.

Existen numerosas formas de aumentar los ingresos de forma que los beneficios obtenidos sean mayores que el perjuicio causado a la población. Por ejemplo:

• Revertir las privatizaciones de los últimos 20 años. Hoy, todo el dinero que da Telefónica, Repsol, Endesa o Seat (y el dinero que mañana dará Aena, Loterías o Renfe) va a parar a manos privadas. Cada vez que el Estado vende una empresa pública renuncia a poseer una herramienta económica. Los argumentos de la mala gestión pública no sirven: son excusas. Las empresas públicas pueden gestionarse de forma adecuada.
• Verdadero control del fraude fiscal. Según un informe del Ministerio de Hacienda, en el año 2010 el Estado dejó de ingresar 60 mil millones de euros debido a este problema (por comparar, la deuda sanitaria asciende a 15 mil millones). Es urgente acabar con esta situación. ATTAC propone un decálogo que debería servir de punto de partida.
• Reforma fiscal orientada a las rentas altas. Es decir, lo opuesto a las medidas del Gobierno de Aragón. Es necesario un paquete legal que incluya: nuevos tipos impositivos (hoy, lo máximo que se paga es el 43%), reforma de las SICAV y restablecimiento (cuando haya desaparecido) de los impuestos de patrimonio y sucesiones.

Lamentablemente, ninguna de estas medidas va a aplicarse en los próximos años. En su defecto, sólo veremos la película anunciada por Luisa Fernanda Rudi y María Dolores de Cospedal: menos impuestos y más recortes.