Funcionarios en España: cifras exactas

A menudo hemos escuchado la siguiente frase: “En España sobran funcionarios y faltan emprendedores. Con vagos que chupan de los impuestos no vamos a ningún sitio”. La idea está arraigada en nuestras cabezas, de tantas veces que la han repetido. Y, sin embargo, es falsa.

Este post escrito en mayo de 2010 por @ajovin derriba el mito.

De los 23 millones de españoles que están en edad de trabajar, 18,4 millones están trabajando. Entre esos 18,4 millones tenemos unos 3,1 millones de funcionarios públicos: el 56% pertenece a la administración autonómica; el 18%, a la administración central; y un 26% a los ayuntamientos.

El coste total de las nóminas públicas equivale al 10,2% del PIB en un año positivo. Cada ciudadano en España tiene que aportar de media y como impuestos unos 2.450 euros al año para mantener las nóminas de los trabajadores públicos. Nunca confundir funcionarios con personas que están detrás de una ventanilla. Un 28% del total de funcionarios en España son trabajadores funcionariales puros. El resto, un 72%, son médicos, maestros, policías, militares, correos, etc.

En España (2008) el porcentaje de personas adultas que son empresarios y autónomos es mayor (10,64%) que el promedio de la UE-15 (9,78%), mientras que el porcentaje de personas adultas que trabajan para el sector público es del 13%, uno de los más bajos de la UE-15 (cuyo promedio es el 16%).

El desgobierno de lo público

Hace poco escuché a una persona decir toda orgullosa: “Esto es una democracia”. Supongo que alcé los ojos al estilo Lisa Simpson o gruñí como lo hace su madre. El caso es que no me acerqué para explicarle que en realidad, lo es sobre el papel, pero que no se lleva a la práctica.

Me acordé de esta persona mientras leía El desgobierno de lo público. Su autor expone sus intenciones en el prólogo: quitar la venda de los ojos de los ciudadanos y hacerles ver que la realidad política de España no tiene nada que ver con la realidad oficial. Alejandro Nieto, catedrático en derecho administrativo, dedica las mejores páginas a convencer a los lectores de que su libro les va a descubrir una España nueva, un sistema corrupto hasta los tuétanos, ineficaz, caro y lento. Lo hace, pero a medias.

El libro aborda el gobierno de los partidos, la corrupción, el sistema de empleo publico, las autonomías, el poder judicial… Y lo hace siempre bajo una óptica crítica que deja claro que nada es como nos lo venden.

  • Los partidos han formado una partitocracia, son lo verdaderos ejes de la política; sin ellos nada es posible. No trabajan en representación de los ciudadanos, sino en busca de un botín a repartir (el propio Estado). Una vez lo tienen en sus manos, el objetivo es mantenerlo a cualquier precio.
  • La corrupción es inherente a la política en este país. No son manzanas podridas, no son casos aislados. Es parte de un sistema que viene de siglo y medio atrás, que Joaquín Costa describió en su Oligarquía y Caciquismo como la forma actual de gobierno en España. Los cargos públicos (des)gobiernan su feudo sin más limitación que la fidelidad o infidelidad de su corte, verdaderos chupasangres a los que ningún ciudadano ha elegido y que gozan de puestos y cargos diversos durante años. Algunas veces, esta corrupción salta a la vista, pero la mayor parte está tan pegada al sistema que no destaca: forma parte de él.
  • Las autonomías es un invento de los redactores de la Constitución que no ha traído todo el bien que se esperaba. Las transferencias no se han realizado del modo correcto, dando lugar a duplicidades o vacío de responsabilidades; los parlamentos y ejecutivos en cada comunidad han sido creados a imitación de los órganos del gobierno central, pero era innecesario. Según el autor, lo único que han logrado es crear nuevos centros de (des)gobierno, nuevas camarillas de poder, nuevos niveles de la administración cuyo único objetivo es volver loco al ciudadano, arrogarse competencias cuando conviene y echar barones fuera cuando no.
  • El sistema judicial no es independiente y no es igual para todos los ciudadanos. Es alfo que cualquiera puede comprobar al ver los informativos, pero que muchos no quieren reconocer. Nieto explica con claridad cómo los partidos eligen a los jueces, cómo estos no firman sentencias innovadoras y creativas, sino que se limitan a firman lo que los políticos esperan que firmen (me viene a la cabeza el Estatut), cómo forman una clase corporativa con mil afrentas por vengar (y eso que está escrito antes del asunto Garzón), cómo, en fin, si tienes dinero es menos traumático sentarse en el banquillo.

Nieto explica todo esto de forma clara y bien argumentada. Pero, a mi juicio, le faltan ejemplos. Alguien ya convencido de que todo es una broma de mal gusto tiene en su cabeza un caso concreto para cada capítulo. Pero si lo que quiere es atraer a los creyentes en el Estado de Derecho, necesitará nombres, datos, cifras que avalen que sus páginas son algo más que mera cháchara conspiratoria.

Trabajadores públicos, no meros funcionarios

En el imaginario colectivo, el funcionario es aquel trabajador con un contrato de por vida, que va cada mañana a la oficina para no dar palo al agua y toma cafés de 1 hora. El tipo con cara de aburrido que nos manda a otra ventanilla, el que nos señala que falta una copia del DNI en la solicitud y, sin prestarnos más atención, continúa hablando con su compañero sobre los malos modales de su encargado. Por eso, en España todo el mundo quiere ser funcionario. Y quien no lo consigue se dedica a criticar a este colectivo a la primera oportunidad.

De ahí quizá esa alegría mal disimulada que muchos ciudadanos mostraron cuando el presidente reveló el plan de ajuste (esa parte, quiero decir). Después de años chupando del bote,parecían pensar, por fin van a sufrir un poco, como el resto.

Pero olvidamos que el cirujano también es trabajador público; y la maestra, y el enfermero, y el periodista del telediario de TVE; y la mujer que se deja las pestañas en Hacienda para descubrir estafas; y el juez, el fiscal, el secretario judicial… Yo quiero que mi cirujano esté muy contento con su sueldo y condiciones de trabajo; que la enfermera no tenga turnos eternos porque han recortado personal; que los profesores de mis futuros hijos estén motivados para enseñar; que el tenga incentivos para informar; que el juez tenga dinero suficiente para no ceder al soborno.

La calidad del trabajo público nos afecta más de lo que pensamos. Y si esta huelga no es un éxito, la general quizá no llegue ni a producirse. O, si lo hace, servirá de poco.