En España cada uno roba según sus posibilidades. El pobre evita el IVA y el rico vuela a Suiza. Es una cuestión de grado.

Oigo con frecuencia este argumento. Que no son los políticos, sino la sociedad entera la que está corrupta. Lo oigo y tengo que admitir que es cierto; pero me huele mal. Decir que todos somos corruptos no es describir una realidad, es justificarla. Si todos somos corruptos, nadie lo es. Si todos mentimos y evadimos impuestos nadie es culpable, nadie debe pagar por sus delitos. No van a meter a 46 millones de españoles a la cárcel. Me recuerda a aquello de que la crisis era culpa de todos. Falso.

Tampoco es una simple cuestión de grado la relación entre no pagar el IVA y llevarse 22 millones de euros a Suiza. No es lo mismo pagar 10 mil euros en B al comprar una casa que pagar 10 mil euros en B cada mes a dirigentes del principal partido político del país. Quien quiera compararlos, lo que hace es defender la Corrupción Con Mayúsculas.

Un ciudadano raso tiene una obligación con su conciencia y con Hacienda. Un responsable político la tiene con todos los ciudadanos a los que representa. Sus delitos, por tanto, son más graves.

La fórmula para erradicar la corrupción tampoco es echar a todos los políticos, ni bajarles el sueldo. Eso es mera demagogia. Ha quedado suficientemente comprobado que el poder corrompe, que quien tiene mucho siempre quiere más, que arriba se pierde el contacto con la realidad y es muy fácil desviarse al lado oscuro. La solución es poner barreras, limites. La solución no es cambiar de personas sino de sistema.

Los países que mejor funcionan (Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda) tienen unos fundamentos políticos muy diferentes a los de España (que se sitúa en el puesto 30, a la par de Botswana). No se trata de ética o de cultura, tampoco de inflar el código penal. Es más profundo y más efectivo. La clave está en las instituciones.

Recuerdo un texto de Víctor Lapuente que ya cité:

Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.

A esto hay que sumar el corporativismo propio de cualquier institución, sea un partido, una iglesia o una empresa. A la menor acusación, saltan como un resorte a defender a su compañero. Y no. Defender lo indefendible resta credibilidad. Caso a caso, vemos cómo se repite el ritual: acusación, defensa cerrada, contraataque desde el partido, nuevas pruebas, dimisión/cese reiterando su inocencia y olvido.

Quiero pensar que si yo estuviera en la posición de Cospedal o Rubalcaba, haría lo contrario. Que ante cualquier sospecha, me reuniría con la persona acusada, le informaría de su destitución y expulsión del partido y le prometería que, si se demostraba su inocencia, volvería por la puerta grande. Pero esto hoy no sucede. Hay demasiados intereses, demasiados favores debidos.

No es todo negro. Se puede cambiar el sistema; sólo hace falta voluntad. En este artículo recuerdan cómo Suecia pasó de ser un país caótico a ejemplo de buen gobierno. España debería fortalecer los tribunales de cuentas, las auditorías, los concursos públicos; eliminar cargos de libre designación, vertebrar una verdadera administración pública; limitar los periodos en el poder, cerrar las puertas giratorias.

Insisto, es cuestión de ganas.