En España ocurren cosas inexplicables. Los expedientes X de la política se acumulan. La hasta ahora intocable Constitución, ejemplo de consenso para sus impulsores, se rompe en beneficio de un pacto artero entre el PSOE y el PP con la complicidad de Unión del Pueblo Navarro. Los mismos partidos que hasta hace unos días se negaban a modificar la ley sálica que impide el acceso de una mujer al trono de España, hoy, de prisa y corriendo, chapucera y dejando fuera a 75 por ciento de los partidos con representación parlamentaria, modifican su artículo 135, cuya nueva redacción pone límite a la capacidad de endeudamiento público, bajo el paraguas de conseguir la estabilidad presupuestaria. Según sus promotores, se hace para sanear la economía, disminuir el déficit fiscal y tranquilizar a los mercados. Dicen, es el principio de solución a la crisis y el nacimiento de una nueva era de progreso y crecimiento económico para España. ¡Vamos! La panacea. Y si no lo es, seguro nos pone en el buen camino.

Era una decisión difícil, pero había que ser responsables con los banqueros, el capital financiero y las trasnacionales. Ellos se lo agradecen y nunca olvidarán el detalle. Además no hay motivo para el pesimismo. La población no verá disminuir las prestaciones sociales. Quienes lo plantean buscan sembrar el desconcierto. Los ciudadanos estarán a cubierto. Los recortes presupuestarios, anunciados por agoreros y mal intencionados en sanidad, educación, vivienda social o infraestructuras, son parte de una campaña de intoxicación mediática de izquierdistas y los indignados del 15-M. No hay motivo de alarma. Los cerebros grises de la reforma son unos magos de las finanzas, y no debemos dudar de su palabra, recordemos que hablamos de honorables parlamentarios entre los cuales se encuentra el jefe de la oposición y mismísimo presidente Rodríguez Zapatero con sus ministros.

Fue una imagen obscena ver en el Congreso, minutos antes de la votación, los corrillos formados por los gerifaltes del PSOE y PP intentando conseguir el voto del grupo parlamentario catalán. Les prometieron el oro y el moro y sólo el veto de IU, a la transicional propuesta por los catalanes, frenó el acuerdo de marras. Ahora, el culpable del desaguisado es Gaspar Llamazares. por su culpa no se pudo maquillar la felonía. A pesar de todo, ellos tienen la razón y han dicho la verdad. Son gente de palabra. Lo que no sabemos es ¿cual palabra? La dada hace un año, un mes, una semana, unos días, ayer, hoy mismo. No importa siempre se desdicen. Donde dije digo, digo Diego. No hace falta ser muy avispado para saber que la violarán en cuanto puedan.

Si antes del acuerdo se puso en marcha el plan de estabilidad presupuestaria en las autonomías gobernada por el PP y la derecha catalana, ahora se encuentran legitimados para continuar el camino. En Castilla la Mancha, los recortes para 2012 llegan a 20 por ciento del presupuesto y afectan a todo el sistema básico de prestaciones sociales.

En Cataluña, y bajo el pretexto de sanear la hacienda pública, el gobierno de Convergencia y Unión ha clausurado, sólo en Tarragona, el servicio de urgencia nocturno de 54 centros de salud, al tiempo que cierra definitivamente otros 60 centros de salud diurnos. ¡Por suerte no se tocaría la sanidad pública! Palabra dada en la campaña electoral.

En Madrid, el PP despide a más de mil profesores interinos y obliga a dictar dos horas más de clase por docente, incrementando, al mismo tiempo, la ratio profesor alumno y eliminando horas de atención al alumno y tutorías con los padres. Eso sí, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, del PP, en un acto de felonía, declara que los maestros trabajan menos que cualquier otro trabajador de la comunidad, enfrentando a los profesores con la opinión pública y confundiendo deliberadamente horas de docencia con jornada laboral, cifrada para el colectivo en 37 horas y media.

Los recortes no son pocos. En los ayuntamientos desaparecen actividades que eran una factor de cohesión social. Son los cursos de fotografía, pintura, gimnasia rítmica, cerámica, idiomas, yoga o visitas guiadas para la tercera edad, entre otras. También se limitan los gastos para remozar las instalaciones, con el consiguiente deterioro en el medio y largo plazo. Se despiden a conserjes, vigilantes y tutores. Igualmente se recortan los horarios de atención al público en las bibliotecas municipales. Suma y sigue.

En sanidad se privatiza y cierran centros de salud comunitarios. El tijeretazo en las subvenciones a centros que luchan contra la drogadicción, la violencia juvenil y de género supone echar cerrojo al cierre de muchas instituciones que realizaban una labor social que hoy queda al pairo. Se venden inmuebles y se externalizan los servicios esenciales. Y en las ofertas de empleo público, se decide postergar su convocatoria sine die. Menos médicos, enfermeras, celadores, administrativos, profesores. En contrapartida los sueldos y salarios de los trabajadores se congelan como una medida solidaria para pagar los excesos de los mercados.

Si realmente esta reforma marca un hito en nuestra democracia social de mercado por qué no convocan un referendo. ¿No sería mejor contar con la aprobación del pueblo para una reforma de tan hondo calado? Inclusive podría no ser vinculante. Seguro que los partidarios del sí tendrían garantizado el triunfo. ¿Acaso sus impulsores no controlan más de 70 por ciento de los votos? Ganarían por goleada. Sin embargo se niegan. ¿Tienen miedo? Gaspar Llamazares califica de escándalo no haber debatido en la Cámara la conveniencia o no de hacer un referendo.

La involución política está en marcha. El PP, seguramente, ganará las próximas elecciones generales a celebrarse el 20 de noviembre. Sin mancharse las manos de sangre, con el cadáver del Estado del Bienestar en cuerpo presente, tendrá vía libre para seguir esta senda abierta por el PSOE. Allanado el camino, el gobierno de Rodríguez Zapatero y sus diputados serán recordados como los sepultureros de la democracia. El golpe de mercado se ha consumado.