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En favor de las cuotas femeninas

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Estamos en el siglo XXI y todavía no existe igualdad entre el hombre y la mujer. No hablo de África ni de Afganistán o China (allí no hay dudas). Me refiero a Europa.

Aquí hay más mujeres que hombres pero esta realidad biológica no se ve reflejada en la política, en la economía, en la ciencia… Los machistas de siempre, reconvertidos en liberales con buenas palabras, argumentan: “pueden votar, trabajan, tienen derechos sociales, familiares… ¿qué más quieren?” Se equivocan en el fondo y en la forma de la pregunta.

En realidad no sólo las mujeres quieren plena igualdad. También hay hombres, como yo, que consideramos injusta la situación actual. La pregunta en realidad lo que hace es desvelar que a ese machista encubierto ni siquiera le parece normal que disfruten de los derechos de los que disfrutan hoy; que esos derechos son un regalo de los magnánimos hombres, una propina que se les ha dado en las últimas décadas para que se callen.

Insisto: siglo XXI y no hay igualdad entre hombre y mujer. Esta única frase desmonta la pregunta del “qué más quieren”.

Todavía es noticia que una mujer sea presidenta de un país (y en España aún no ha sucedido); sólo un 5% de los premios Nobel ha recaído en mujeres (no por casualidad la mayoría son de la Paz); las publicaciones científicas, dominadas por hombres, enlazan artículos escritos por hombres (cuando se piensa en un científico, nunca nos viene a la cabeza Marie Curie o Margarita Salas); finalmente, el 71% de las empresas españolas no tienen a mujeres en sus consejos de administración.

Dos ejemplos cercanos:

Dos figuras humanas en un balancín, inclinado hacia el lado de la de mayor tamaño © iStock/Mark Stay

Para corregir esta situación, la Comisión Europea aprobó ayer una propuesta de ley. El objetivo es que el 40% de los miembros de consejos sean mujeres. Discriminación positiva, ni más ni menos. Lo mismo que se implantó en Estados Unidos para impulsar la actividad de las minorías, lo que existe en España con los retrones (aka: discapacitados).
Hay quien aborrece estas medidas. Curiosamente, suelen ser hombres, blancos y sin problemas físicos. No ven que exista un problema y consideran que las cuotas coartan la libertad de las empresas son injustas, dañan la eficacia política, económica, educativa… (depende del sector del que hable).

Todas estas excusas son profundamente falsas.

Alguno llega a decir que la situación podría darse la vuelta y en 20 años los hombres necesitaremos cuotas para estar en el poder. Lo dudo mucho; pero aunque así fuera, un poco de justicia histórica tampoco vendría mal…

Por cierto, la desigualdad no sólo es injusta: es ineficaz. La Organización Internacional del Trabajo asegura que los consejos con mujeres tienen más rendimientos. En política, sucede parecido.

Sin embargo, tengo 3 reparos a la propuesta de la Comisión.

  • La ley no es automática; para su puesta en marcha debe ser aprobada por el Parlamento y por cada país. Veremos cuánto tarda en entrar en vigor (si llega a hacerlo…).
  • Las sanciones quedan en manos de cada estado, por lo que la ley será sumamente flexible. No hay más que recordar que en España ya existe una ley de igualdad, y se viola cada día.
  • Ha sido impulsada por una mujer, la comisaria Viviane Reding. Me sigue pareciendo triste que un miembro de un colectivo haga el portavoz y defensor público de ese grupo. Este post es la prueba de que un hombre puede defender esta cuota. Quizá si la hubiera presentado un comisario tendría más fuerza. Recuerdo una edición de Tengo una pregunta para usted. Un retrón (aka de nuevo: discapacitado) preguntó a Zapatero si contrataría a un retrón para trabajar en el Congreso (no para estar en el Gobierno; eso es casi una utopía). Zapatero le contestó de forma condescendiente (la expresión de Lorenzo Milá también es reveladora). Después, un traductor le preguntó sobre la venta de armas a Israel. Aquí Zapatero fue más político, menos paternalista. Me hubiera gustado que se intercambiaran las preguntas. A ver qué cara ponía el presidente…

Las cuotas son un parche, un mal necesario para romper este techo de cristal. Quizá dentro de 30 años sean prescindibles. Hoy por hoy, los datos son tozudos y no mienten: hacen mucha falta.

Cumplir con la ley (y con su espíritu)

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El refrán “hecha la ley, hecha la trampa” dice mucho de la cultura política (y no política) que hay por estos lares. Aquí parece que quien sigue la norma es un pringado, que sólo los cobardes esperan a que el semáforo se ponga en verde para cruzar y que pagar impuestos es cosa de pobres.

Quizá una de las normas más burladas en Aragón sea la Ley 3/1997 de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de comunicación. Estoy seguro de muchas Comunidades Autónomas tienen leyes similares; y estoy convencido de que tampoco se cumplen. Veamos dos ejemplos.

Los cines Aragonia se construyeron en Zaragoza en el año 2009. Cuentan con 16 salas y exhiben películas en versión original. Como es normal, las salas están diseñadas como un anfiteatro: filas de asientos unas más altas que otras, para llegar al asiento hay que subir escaleras. La ley dice: La construcción, ampliación y reforma de los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público (entre ellos salas de cine) se efectuará de forma que resulten accesibles para personas con limitaciones. ¿Qué ha hecho la empresa propietaria de Aragonia? Ha dejado varios espacios para sillas de ruedas en la primera fila.

Cumplen con la ley, pero no con su espíritu. Salvan la multa pero se ríen de los motivos que tuvo el legislador al redactar la norma. Un ciudadano con problemas de movilidad que quiera ver una película en los Aragonia está obligado a verla en primera fila, a costa de sus ojos y su cuello. La otra opción es ir acompañado y que le ayuden a subir hasta su fila. Pero eso no es accesibilidad.

Segundo ejemplo. Hace unos días fui a una oficina de la Seguridad Social por un tema de baja laboral. Al llegar al edificio, descubrí que tenía un puñado de escalones. Antes de empezar a jurar en arameo también descubrí a existencia de un timbre con el icono de silla de ruedas. Llamé y salieron dos funcionarios a preguntarme qué quería. Cuando les expliqué la gestión que iba a hacer, me dijeron que entrase. Sacaron una rampa metálica y la colocaron en los escalones. El problema era que la rampa quedaba demasiado empinada. Tanto que no me atreví a subir.

De nuevo,  ponen los medios para cumplir la ley pero en realidad la están burlando. Mal que lo haga un cine pero todavía más grave es que el edificio sea público.

Como éstos, hay centenares de ejemplos. Y no sólo en el tema de la accesibilidad. La ley antitabaco provocó casos similares. ¿Qué incita a los ciudadanos a burlar la ley? Asumimos que toda ley es represiva y que, por tanto, merece ser violada. Pero como somos demasiado cobardes preferimos burlarla, aparentar que cumplimos con ella. Casi prefiero que un cine ponga un cartel que diga “Aquí no pueden entrar sillas de ruedas” a que me intenten convencer de ver Origen o Tintín en primera fila.

Suelo decir que esto se arregla el día en que haya una silla de ruedas en el Consejo de Ministros. Pero ¿cómo subirá las escaleras de La Moncloa?

A bastonazos

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Dicen que la Justicia es ciega, y debe ser cierto, pues en España da unas hostias con su bastón que nos deja a todos bien doloridos. En el cuerpo y en la conciencia.

El último golpe lo hemos recibido esta mañana, al conocer que el Consejo General del Poder judicial ha suspendido a Garzón por ordenar las escuchas de la trama Gürtel. Ya son dos las suspensiones que lleva en un año; la primera por atreverse a investigar las fosas que Franco dejó por los caminos.

El CGPJ está formado por jueces, magistrados, abogados y otros juristas. Todos propuestos por el Congreso y el Senado y nombrados por el Rey. De ahí que todos sean de una u otra cuerda. Parece que en demasiadas ocasiones interpetan la ley atendiendo a las necesidades de aquellos que lo llevaron al Consejo (PP y PSOE).

Garzón ha sido suspendido por por tener abierto un juicio oral contra él. Es decir, el juez está acusado de prevaricación y, hasta que no sea juzgado, no debe pisar un tribunal. Es lo correcto, lo que la izquierda ha pedido en relación al caso Gürtel, lo que yo mismo pedí hace unas semanas aquí.

Lo que de verdad duele, lo que indigna, es que se suspenda a unos pero no a otros. Indigna que Garzón no pueda trabajar pero haya decenas de imputados en las listas del PP para las elecciones de mayo. Son ellos quienes, en primer lugar, deberían ser apartados de su cargo.

Tengo la impresión de que Garzón se ha saltado a ley varias veces; pero fue antes, mucho antes del caso Gúrtel. Cuando era juez estrella y ordenaba arrestos desde un helicóptero. Insisto: sólo es una impresión. La misma que me lleva a pensar que, al final, Garzón será el único condenado en el asunto Güúrtel; y que los corrompedores y los corruptos se irán de rositas gracias a alguna triquiñuela legal. Quizá en última instancia Garzón facilite la absolución de los implicados en la trama. Sería el colmo de los colmos, pero no extrañaría.

Por cierto, el juez que quiere juzgar a Garzón por escuchar las conversaciones entre los detenidos de la Gürtel y sus abogados se llama Jorge Barreiro. Este señor es profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante varios años ha trabajado bajo la supervisión Gonzalo Rodríguez Mourullo, abogado del presunto número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo. Además, es compañero de Miguel Bajo, abogado del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Seguro que es una mera coincidencia, y que estos señores hablan de fútbol en la cafetería de la Universidad. Pero dan ganas de que aquí la Justicia también sea ciega y obligue a Barreiro a abandonar el caso por tener demasiados lazos con sus integrantes.

Dan ganas de que los palos de la señora con la venda en los ojos estén más repartidos